Immigration Reform Possible, Migration Ministries Director Says
Episcopal News Service. May 20, 2005 [052005-3-A]
Jan Nunley
Comprehensive immigration reform may come soon despite enactment of the REAL ID Act, according to Richard Parkins, director of Episcopal Migration Ministries (EMM).
According to the Congressional Research Service, the controversial H.R. 418, signed into law May 11, will:
• modify eligibility criteria for asylum and withholding of removal;
• limit judicial review of certain immigration decisions;
• provide additional waiver authority over laws that might impede construction of barriers and roads along the U.S.-Mexican border near San Diego; • expand the scope of terror-related activity making an alien inadmissible and deportable, as well as ineligible for certain forms of relief from removal; and
• require states to meet minimum security standards for their drivers' licenses and personal identification cards to be accepted for federal purposes.
Its passage was "a blow to advocates for immigrant rights," said Parkins, but new immigration reform legislation, introduced on May 12 in both houses of Congress by Senators McCain and Kennedy and Representatives Flake and Gutierrez, may offer hope for immigrants. The proposed bill has bipartisan support and builds on President Bush's announcement last year of the need for a guest workers' program.
As introduced, the bill would permit guest workers to come to the U.S. legally if they were responding to a known offer of employment. Permanent residency and citizenship would be available to workers after six years of employment. 400,000 additional visas would be provided to accommodate new workers entering the U.S. Immediate family members could join workers coming to the U.S., since the bill would exempt immediate relatives from the current annual ceiling of 480,000 family-sponsored immigrant visas – a situation which has created interminable delays for family members seeking to reunite with U.S.-based relatives.
Parkins applauded the attention that the sponsors of the bill have given to the problem of separated families. "As a matter of principle, any reform in our immigration system has to face the pain for families being separated for long periods. What is offered is a change in current practice which would substantially increase prospects of families being together," he said. Parkins noted that "another provision of the bill deserving praise is the prospect of guest workers becoming permanent residents with citizenship being a goal for many. Fairness requires that those who give of their labor and make an economic contribution to our country be given a chance to be legal members of our communities. The record shows that immigrants make good citizens. Both workers and host communities could well be beneficiaries of this new possibility."
The proposed bill confronts the issue of undocumented workers residing in this country by providing these workers access to legalization. Those seeking to become legal workers in the U.S. can do so by paying $2000 as a so-called penalty for having resided in the U.S. without documentation. Proponents of immigration reform added this measure to address the problem of helping undocumented workers in the U.S. while at the same time imposing a barrier for their incorporation into a reformed system.
Advocates of the bill claim that because the current deficit in the labor force in certain sectors can be filled with legal workers, employers will presumably have less incentive to hire the undocumented. Moreover, employer penalties will be more stringent under the new law; and security will be enhanced since it is presumed that changes in the system will create greater transparency about who is in the country. "This could be a win-win situation for all of us," said Parkins.
"The President must lend strong support to the bill in order that its bipartisan support in Congress can translate to victory," Parkins added. "There are already adversaries sounding alarm bells about how more migrant workers will harm our economic and social systems, so Congressional endorsement of this bill must be buttressed by the support of informed and persistent constituents. Advocacy from the faith community, employers, unions, and human rights groups will be needed to advance immigration reform, but we have a chance."
-- The Rev. Jan Nunley is deputy for communication for the Episcopal Church.
Reforma migratoria todavía es posible, afirmó director de Ministerios Migratorios
Por Jan Nunley
[ENS] A pesar de haberse aprobado la ley "REAL ID", Richard Parkins, director de los Ministerios Migratorios Episcopales (EMM), indicó que una reforma al sistema migratorio todavía es posible. De acuerdo con el "Congressional Research Service", la controversial ley HR 418 que recientemente fue firmada:
• Modificará los criterios de elegibilidad para obtener asilo y suspensión de expulsiones;
• Limitará los derechos de revisión judicial de ciertas decisiones migratorias;
• Otorgará jurisdicción adicional para conceder dispensas sobre el cumplimento de las leyes que podrían impedir la erección de barreras y caminos en la frontera entre México y los Estados Unidos en la zona de San Diego;
• Incrementar el ámbito de las actividades antiterroristas para poder designar a extranjeros como inadmisibles y deportables, así como designarlos como pasibles de ser sujetos a ciertas formas de deportación o impedirles recibir asistencia;
• Obligar a que los estados cumplan ciertas normas mínimas de seguridad para las licencias de conductor y tarjetas de identificación que emitan puedan ser aceptadas dentro del ámbito del gobierno federal.
Parkins manifestó que la aprobación de esta ley causó un "sensible impacto sobre quienes abogan por los derechos migratorios". Sin embargo, añadió que el nuevo proyecto de ley de migraciones se introdujo en ambas cámaras del Congreso por los Senadores McCain y Kennedy, y los Representantes Flake y Gutiérrez, "puede crear nuevas esperanzas." El nuevo proyecto de ley cuenta con apoyo de ambos partidos, y representa un avance sobre el anuncio hecho el año pasado por el Presidente Bush sobre la necesidad de contar con un programa migratorio para trabajadores circunstanciales.
El proyecto de ley presentado ante el Congreso permitiría que ciertos trabajadores circunstanciales puedan ingresar legalmente a los Estados Unidos si están respondiendo a una oferta de trabajo auténtica. La residencia permanente y la naturalización serían opciones disponibles después de seis años de empleo Se podrían asignar hasta 400.000 visas para esta clase de trabajadores. Los trabajadores que participarían en este nuevo programa podrían traer a sus familiares más cercanos, ya que este proyecto de ley eliminaría que estas personas queden limitadas a la cantidad máxima de 480.000 visas para familiares, aliviando de esta forma las interminables demoras que tienen los miembros de una familia que quieren reunirse con sus familiares que viven en los Estados Unidos.
Parkins aplaudió la atención que los patrocinantes de esta ley han atraído sobre la problemática de las familias separadas. "Es una cuestión de principios que cualquier reforma del sistema migratorio debe atender a las necesidades de las familias que permanecen separadas durante largos periodos. Lo que aquí se ofrece es cambiar al sistema corriente lo que podría resultar en un aumento de las perspectivas para que las familias puedan reunirse". Además, Parkins destacó que "otra parte de la ley que merece ser apreciado son las provisiones para que estos trabajadores circunstanciales puedan llegar a tener residencia permanente y, tal como es el deseo de mucho, poder llegar a tener la ciudadanía estadounidense." Es justo que aquellos quienes trabajan y tienen un impacto económico positivo en la sociedad, tengan la oportunidad de ser miembros legales de nuestras comunidades. Las estadísticas demuestran que los inmigrantes son buenos ciudadanos. Tanto los trabajadores como las comunidades que les reciban se beneficiarían por este nuevo emprendimiento.
El proyecto de ley también atiende la situación corriente de los trabajadores indocumentados dándoles acceso a un proceso de regularización. Aquellos que desean legalizar su situación en los Estados Unidos podrán hacerlo pagando $2.000 como un modo de hacerse responsables por haber residido en los Estados Unidos sin la documentación pertinente. Quienes apoyan la reforma al sistema migratorio añadieron este paso para tratar de ofrecer una solución a la situación de los trabajadores indocumentados viviendo en los Estados Unidos y, al mismo tiempo, estableciendo un límite para su inclusión al nuevo sistema migratorio.
Quienes abogan por esta ley también indican que si las necesidades actuales de la fuerza laboral que existe en ciertos sectores podrían ser subsanadas por los trabajadores documentados apropiadamente, los empleadores podrían tener menos incentivos en contratar a trabajadores indocumentados. Además, las nuevas sanciones propuestas para empleadores que contraten trabajadores indocumentados serían más estrictas ya que se presume que los cambios en el sistema podrían dejar bien en claro quienes están en regla para permanecer en el país. "Esto podría ser una situación donde todas las partes podrían beneficiarse" –dijo Parkins.
Además, Parkins dijo que "el Presidente debe apoyar plenamente esta iniciativa para que el consenso bipartidario que existe en el congreso pueda tener éxito." "Ya hay quienes están haciendo sonar las campanas de alarma sobre las formas en que los trabajadores circunstanciales podrían afectar nuestros sistemas económicos y sociales, de modo que el apoyo que ya existe en el Congreso debe ser reforzado con el apoyo constante de los sectores interesados. "Se necesitará el apoyo constante de las comunidades religiosas, empleadores, sindicatos y grupos de derechos humanos para que esta reforma migratoria se materialice, pero, esta es la oportunidad."